Nettie Wiebe, experta en alimentos de Ipes Canadá dijo que “esa es la cruda realidad que enfrentan los jóvenes agricultores hoy en día. Imagínense intentar iniciar una granja cuando 70 % de las tierras agrícolas ya están controladas por solo uno por ciento de la población”.

“Cada vez más, las tierras agrícolas no son propiedad de los agricultores, sino de especuladores, fondos de pensiones y grandes agronegocios. Los precios se han disparado tanto que se está volviendo imposible ganarse la vida con la agricultura”, observó Wiebe.

El estudio de Ipes-Food expone cómo el acaparamiento de tierras en diversas formas ha llevado a duplicar los precios de la tierra en el mundo desde 2008 y se han triplicado en regiones como Europa central, “lo que supone una presión sin precedentes para agricultores y comunidades rurales”.

Según su informe, tierras que duplican el tamaño de Alemania (un país de 357 000 kilómetros cuadrados) han sido arrebatadas mediante acuerdos transnacionales en todo el mundo desde 2000, y 87 % de los acaparamientos se producen en regiones de alta biodiversidad.

Las presiones están aumentando, incluso para compensar las emisiones de carbono, lo que llevó a que grandes extensiones de tierras agrícolas fueran compradas por gobiernos, corporaciones e inversores, amenazando la producción de alimentos.

Los fondos de inversión agrícola se han multiplicado por 10 entre 2005 y 2018, y los inversores han duplicado sus participaciones en tierras agrícolas desde la pandemia.

Casi 45 % de todas las inversiones en tierras agrícolas en 2018, por un valor aproximado de 15 000 millones de dólares, provinieron de fondos de pensiones y compañías de seguros.

Las tendencias de acaparamiento de tierras y “acaparamientos verdes” (acciones de apropiación que se justifican bajo una agenda ambiental) detectadas afectan particularmente a África subsahariana y América Latina.

Unos 25 millones de hectáreas de tierra han sido adquiridas para proyectos de carbono por parte de una única empresa de “creación de activos ambientales”, Blue Carbon, con sede en Emiratos Árabes Unidos y acuerdos con los gobiernos de Kenia, Liberia, Tanzania, Zambia y Zimbabue.

En América Latina 55 % de las explotaciones agrícolas más pequeñas ocupan solo tres por ciento de la tierra.

Un resultado, según el panel de expertos, es que se exacerba la desigualdad de la tierra y resulta que la producción de alimentos a pequeña y mediana escala sea cada vez más inviable, lo que lleva a revueltas de agricultores, pobreza y éxodo rural, además de inseguridad alimentaria.

Susan Chomba, experta en alimentos de Ipes Kenia, dijo que “la compra con prisa por dudosos proyectos de carbono, planes de plantación de árboles, combustibles limpios y especulaciones están desplazando a los pequeños agricultores y a los pueblos indígenas”.

“En África, los gobiernos, las empresas contaminantes de combustibles fósiles y los grandes grupos conservacionistas están haciendo esfuerzos hacia nuestra tierra bajo el barniz de objetivos verdes, amenazando directamente a comunidades que están entre las más afectadas por el cambio climático”, sostuvo Chomba.

Más de la mitad de los acaparamientos de tierras están destinados a la producción de cultivos con uso intensivo de agua.

Según los expertos, la financiarización y liberalización de los mercados de tierras están arruinando los medios de vida y amenazando el derecho a la alimentación.

El informe plantea que “en lugar de abrir las compuertas al capital especulativo, los gobiernos necesitan tomar medidas concretas para poner fin a los falsos «acaparamientos verdes» e invertir en desarrollo rural, agricultura sostenible y conservación liderada por la comunidad”.

“Es hora de que los tomadores de decisiones dejen de eludir su responsabilidad y comiencen a abordar el declive rural”, apuntó Sofía Monsalve, de Ipes Colombia.

El panel propone medidas como detener el acaparamiento de tierras y eliminar la inversión especulativa de los mercados de tierras, y establecer una gobernanza integrada para la tierra, el medio ambiente y los sistemas alimentarios para garantizar una transición justa hacia formas de economía sostenible.

Asimismo, apoyar la propiedad colectiva y la financiación innovadora para que los agricultores accedan a la tierra; y forjar un nuevo acuerdo para los agricultores y las zonas rurales, y una nueva generación de tierras y reformas agrarias. (IPS -  A-E/HM)